Por Mauricio Eduardo Colorado.-
Desde hace algún tiempo, el ataque de las maras a la población se ha vuelto una plaga que no se ha podido controlar. La Policía Nacional Civil, ha impuesto un plan extraordinario, el cual aparentemente, lejos de amainar el acoso, da la impresión de que ha agravado la situación.
El estado, por medio de su Asamblea Legislativa, no provoca confianza para resolver el grave problema, porque sostiene que el acompañamiento del ejército a la policía, es y debe o puede ser TEMPORAL. Es decir, que estar repitiendo el o los decretos temporales, los convierten en decretos permanentes, lo cual va contra el espíritu de la ley.
Un diputado ha propuesto que se dialogue con las maras para solucionar el problema. En realidad todo el mundo tiene derecho a opinar y proponer cualquier medida con tal de resolver problemas, pero hay que tener cuidado de no traspasar ni las leyes, ni las costumbres.
Algunos ciudadanos se preguntarán porque nos aconsejan negociar con las maras Y la respuesta es muy sencilla: Las maras son realidades de hecho que no pueden existir conforme a derecho, es decir ni siquiera tienen personería jurídica, o sea que la mara es una entidad “fantasma” que no garantiza nada ya que el diálogo que se pudiera producir, ni siquiera garantizaría que lo acordado como resultado del diálogo, lo cumpla la persona que dialogó, y mucho menos los afiliados a la incorpórea organización.
El régimen que supone la existencia de las pandillas es un código secreto que únicamente lo conocen los afiliados, y los requisitos para integrarse a una de estas pandillas, involucra la mas de las veces, cometer acciones que obligan a consumar uno o más delitos.
Desde luego existen mil formas de solucionar problemas, especialmente cuando los sucesos afectan a grandes mayorías y no se encuentra soluciones prácticas. Un ejemplo de lo que estamos citando fueron los llamados acuerdos de paz de hace 25 años, celebrados entre el gobierno y la guerrilla, pero hay que recordar que para llegar a esa finalización, uno de los bandos, había sido reconocido por Francia y México, y de alguna forma, ese reconocimiento le daba alguna legitimidad al acuerdo.
Debe tenerse en cuenta, que aquellos sucesos, tomaron una categoría política, que legitimaron la negociación, ya que bajo la figura de un interés nacional, se superó el concepto de crimen simple (asesinato, secuestros, y demás), por crimen político, que obtiene atenuantes por la finalidad de buscar la armonía política de una nación. Otro aspecto que se debe de tomar en cuenta por quienes sostienen que es legítimo negociar con las pandillas, es el de que como es posible negociar con la legalidad.
Será posible que el acuerdo sea que la famosa “renta” de la extorsión se negocie en alguna cantidad?. O será posible que -vía negociación o diálogo- los asesinatos se reduzcan a determinado territorio, en el cual no serán castigados. De lo que si estamos seguros, es que de seguir en este caos en el cual vivimos, llegaremos a la anarquía total en poco tiempo, porque hay principios que no pueden negociarse bajo ningún término. Y todo viene de un principio general y universal de que el ser humano debe de trabajar para sostener su vida. Las maras han torcido ese vital principio desde el momento que imponen el terror a la comunidad bajo la amenaza de “dame tu dinero, o morirás” Ante esa realidad, y la inoperancia de la autoridad, el fenómeno maras se ha incrementado hasta el infinito, y el pueblo está siendo esclavizado por esas innobles asociaciones del crimen. Gente que acepta que se imponga esos principios de fuerza, no pueden garantizar el cumplimiento de un acuerdo, porque al final quien extorsiona o asesina, se cubre con el anonimato y el secretismo para protegerse de sus víctimas. El Salvador vive un problema grave, y el estado está en la obligación de resolverlo, no solo de disminuirlo. Si el gobierno no resuelve esto, probablemente será sustituido a la primera oportunidad.
