El principal partido de la oposición salvadoreña acusó hoy al Gobierno de espiar a gremiales empresariales y pidió crear una comisión especial en el Congreso que investigue los hallazgos de equipos de intervención ocultos en sus sedes.
“Ese tipo de espionaje es de total interés nacional, puesto que es accionar propio de un gobierno totalitario, (…) que no admite críticas” y “amenaza la libertad de pensamiento, expresión, opinión e información”, aseguró a periodistas el diputado de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) Ernesto Muyshondt.
El legislador propuso a la Asamblea Legislativa crear una comisión especial de diputados que investigue los hallazgos de micrófonos y transmisores en las sedes de tres organizaciones de empresarios.
“Es preocupante que quienes tienen los recursos y el monopolio de la inteligencia estatal pudieran estar involucrados” porque son aparatos que “tienen características similares a los usados por el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE)”, acotó Muyshondt.
Añadió que “con este espionaje se busca perseguir políticamente a quien critica el proceder gubernamental y sus acciones”.
Por su parte, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Rodolfo Parker recomendó al Congreso pedir a un discutido fiscal general cela República, Douglas Meléndez, la designación de fiscales especiales para que, “con cooperación técnica internacional”, indaguen los hechos.
El martes pasado, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) denunció ante la Fiscalía la localización de un micrófono y un trasmisor en el sistema eléctrico de su sede.
El ente aseguró que este caso se suma al de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, todos críticos del Gobierno de izquierda, en cuyas sedes fueron encontrados aparatos similares en semanas anteriores.
No obstante, el Gobierno, de la exguerrilla y hoy partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), condenó y se desligó este miércoles del supuesto espionaje, al asegurar que no es una “práctica” que realiza la Administración de Salvador Sánchez Cerén.
“Este Gobierno condena” cualquier tipo de “persecución política y el espionaje” porque “no son prácticas” de la actual Administración y “con mucha solvencia señala no tener ninguna responsabilidad en este tipo de hechos”, dijo en rueda de prensa el vocero gubernamental, Eugenio Chicas.
Por su parte, el expresidente del Congreso y titular del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), Sigfrido Reyes, señaló que estos pueden ser casos de “espionaje industrial o comercial” o una estratagema para inculpar al Gobierno.
