La Fiscalía General de la República (FGR) presentó en el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador, la acusación formal en contra de nueve personas que presuntamente forman parte de una estructura de narcotráfico que opera en la región y que el Ministerio Público (MP) asegura traslada droga desde Colombia hacia México y a Estados Unidos.
El tribunal recibió la acusación formal contra los detenidos por los delitos de tráfico ilícito, actos preparatorios, proposición y conspiración, asociaciones ilícitas, tenencia de droga y portación ilegal de armas de fuego.
De acuerdo con la información que reveló la oficina de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, en el proceso han sido acusadas las seis personas detenidas en El Salvador entre el jueves y viernes de la semana pasada, y los dos miembros de la red capturados en Guatemala. La persona que las autoridades señalan como el cabecilla de la estructura, identificado como José de La Cruz Claros Amaya, fue detenido el martes en el aeropuerto guatemalteco, cuando se disponía a viajar hacia Costa Rica. Además, la fiscalía también intimó a otra persona ligada a la red y que se encuentra en un centro penal pagando una condena por otro proceso.
Una de las seis personas detenidas en El Salvador es la esposa del supuesto cabecilla, Norma Carolina Monge de Claros, quien aseguró ayer que su captura fue realizada “con engaños” y que es inocente.
La defensora de la imputada Teresa Colato de Bonilla, aseguró que su cliente no tiene ninguna vinculación con la red de narcotráfico y que la fiscalía está forzando la investigación para que, según su análisis, Colato aparezca como una de las personas que trasladaba la droga.
“La fiscalía quiere hacer parecer, a la fuerza, que Colato Bonilla movía droga en sus vehículos. Pero hay suficiente prueba documental para demostrar que los ocho vehículos son parte de una empresa suya que se dedica a la renta de vehículos. Hay pruebas de que esos vehículos fueron adquiridos con créditos y no por ilícitos”, dijo la defensora.
La abogada explicó que los ocho vehículos fueron incautados por la fiscalía para que el laboratorio de la policía les haga una inspección con el fin de determinar si esos eran los vehículos que la red utilizaba para transportar la droga en los países centroamericanos y en México.
