Standard & Poors reduce la calificación de El Salvador por desgaste fiscal

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La calificadora de riesgo Standard & Poors Global Rating volvió a reducir hoy las calificaciones soberanas de largo plazo de El Salvador, desde “B” a “B-”, reiterando además la perspectiva negativa.

Ya a mediados de octubre pasado, la firma había realizado una baja, de “B+”a “B”, aduciendo el deterioro sobre la efectividad institucional y de gobernabilidad del país, lo que había contribuido a un perfil externo más débil, y a una mayor erosión de la posición de liquidez del gobierno.

Esta nueva baja, dice la agencia, se debe al continuo desgaste del perfil fiscal y de deuda, lo que incrementa las incertidumbres con respecto a su acceso a liquidez adecuada para cubrir sus requerimientos de fondeo en 2017 y 2018.

“La baja de las calificaciones también considera el debilitamiento de las expectativas de crecimiento económico del país en un contexto de una menor confianza de inversionistas y la necesidad de realizar ajustes fiscales para estabilizar el creciente nivel de deuda del Gobierno”, informó S&P en un comunicado.

La firma tomó en consideración además el retraso de la Asamblea Legislativa en aprobar la emisión de deuda externa, que ha reducido la liquidez del Gobierno y se ha traducido en mayores incrementos en su deuda de corto plazo (letras del tesoro, LETES).

El volumen de ese último tipo de deuda llegó ya, de hecho, a los $1,180 millones, muy cerca del techo legal de $1,300 millones que tiene el país.

La Asamblea Legislativa llegó, en noviembre pasado, a un acuerdo fiscal que permite la emisión de hasta $550 millones en deuda adicional que puede utilizarse para el repago de LETES, así como para cubrir los incrementos en atrasos de pagos a proveedores y a gobiernos locales.

Sin embargo, sigue sin existir un consenso en el órgano legislativo para aprobar una futura emisión de deuda que sería necesaria para financiar el presupuesto fiscal de 2017.

Junto con la autorización para la emisión de deuda, los legisladores también aprobaron la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) con el objetivo de reducir, en un período de tres años, el déficit fiscal desde el 4.4 % del Producto Interno Bruto, estimado para este año, hasta menos de 3 % al final del lapso indicado. La LRF limitaría asimismo la deuda de corto plazo desde un 30 % de los ingresos actuales hasta un 20 %, y pondría un techo a la deuda total en 65 % del PIB (42 % excluyendo la deuda emitida para fondear el sistema de pensiones del país).

Aún así, dichos esfuerzos parecieron todavía insuficientes para S&P.

“Consideramos que será difícil para el gobierno alcanzar estos ambiciosos objetivos, especialmente en un contexto de un crecimiento del PIB probablemente bajo”, añade la agencia.

Con todo, los recientes acuerdos fiscales entre el Gobierno y los partidos de la oposición en el congreso han preparado el camino para un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el que se abordará las débiles finanzas públicas del país.