Importantes sectores del país se han manifestado sobre la importancia de que la Asamblea Legislativa retome el Ante Proyecto de ley de reformas a la ley del IVA presentado hace más de un año por el diputado Mario Ponce del PCN pero parece que nadie los escucha.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI y COEXPORT, así como periodistas y otros formadores de opinión debieran estudiar y analizar el mencionado anteproyecto, no solo por la importancia que esto tiene para un posible pacto fiscal sino por la necesidad de que en el país se ordenen las relaciones entre el fisco y los ciudadanos contribuyentes.
El diputado Ponce destaca en su anteproyecto el problema que enfrentan las personas naturales y jurídicas al tener que enterar a las arcas nacionales el pago de un impuesto sin haber recibido, en forma efectiva y material, la contra prestación por el bien transferido o por el servicio prestado. La Ley, así como está, obliga a pagar lo que todavía no se ha cobrado.
El legislador asegura que esta forma de cobrar el IVA afecta sensible y considerablemente el desarrollo productivo de las empresas las cuales con frecuencia caen en situaciones de iliquidez por falta de recursos que terminan llevándoles a la quiebra.
Estamos totalmente de acuerdo, no solo con quienes impulsan la discusión del Anteproyecto de ley sobre las reformas al IVA, sino con el autor del mismo, máxime si tenemos en cuenta que el Ministerio de Hacienda ha presentado a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas a la ley de impuestos que, además de inconstitucional, constituye un claro ejemplo de doble persecución
La iniciativa de llevar a cabo una discusión sobre el tema trataría, ni más ni menos, de que no se obligue al contribuyente a meterse la mano al bolsillo para pagar lo que no debe, so pena de ir a la cárcel si no lo hace.
Cualquier discusión o análisis sobre este tema tendrá que pasar por la reinterpretación conceptual de la transferencia, del momento en que se causa el impuesto, del hecho generador y sobre todo de los criterios establecidos en la Ley del Impuesto a la Transferencia de bienes y prestación de servicios.
Pero más importante será la discusión y el análisis de la responsabilidad en la que incurre el mismo Estado cuando no paga sus facturas a los proveedores convirtiéndose en el mayor deudor de impuestos de la nación.
De acuerdo a la ley, los ministros que no pagan a sus acreedores debieran ir a la cárcel al igual que cualquier persona que no paga sus facturas a los proveedores ya que se trata de un caso igual, es decir que han recibido un servicio y no lo pagan.
