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Perito auditor presentado por la FGR cometió falsedad ideológica

Un perito “auditor”, utilizado por la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de lavado y otros activos contra el ciudadano colombiano, Rafael Enrique Silva Zambrano, no pudo demostrar en audiencia la calidad profesional con la que actuó y admitió que, no solo no es auditor sino que carece de sello de contador, como lo exige la ley.

El supuesto auditor avaló con su firma un análisis financiero criminal presentado por la Unidad Especial de Extinción de Dominio en el juicio que se sigue contra el ciudadano colombiano, a quien se le acusa de lavado y otros activos

A Silva Zambrano se le capturó mientras tenía en su poder unos $279 mil dólares que las autoridades supusieron eran de origen ilícito.

El abogado de Silva, Wilfredo Gutiérrez, aseguró que este fue procesado a pesar de haber demostrado que sus actividades eran legales.

Tres Juzgados resolvieron sobre la procedencia legal de los $279.000.00 pero  a pesar de esas tres resoluciones  la Unidad Especializada de Extinción de Dominio, tras imponer una medida cautelar de secuestro a los $279 mil, propiedad del ciudadano colombiano, solicitó la extinción de domino de dicho bien pecuniario.

Silva Zambrano asegura ser un comerciante de divisas y que desde hace 18 años está registrado en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

Para los efectos del requerimiento, la  Fiscalía presentó a los tribunales un análisis financiero criminal, suscrito por al contador Saúl Otoniel Castillo quien actuó en calidad de Auditor Jurado. Sin embargo, en el contra interrogatorio realizado por el abogado de Silva Zambrano,  Wilfredo Gutiérrez, durante la audiencia de extinción de dominio, Castillo se retractó, afirmando que ni es auditor ni tiene experiencia para hacer peritajes de esa naturaleza. Además, el testigo declaró que no tiene sello de contador.

Cuando el abogado Gutiérrez, defensor de Silva, le preguntó al “auditor” Castillo, si conocía la Ley de Contaduría Pública, este expresó que sí, pero que no había plasmado su sello como auditor, a pesar que el artículo 20 de la Ley de Contaduría Pública establece que los informes, pericias, estados o balances no tendrán validez si no llevan el sello del auditor.

A la hora del contra interrogatorio, Castillo, dijo sentirse mal y la audiencia se suspendió por unos diez minutos. Mientras se recuperaba y durante cuatro ocasiones más, los procuradores de la defensa le preguntaron sobre el peritaje, pero se quedaba en silencio, hasta que la jueza le recordó que estaba en la obligado a contestar. El supuesto auditor podría haber incurrido, entre otros, en el delito de falsedad ideológica.

“Esas afirmaciones son suficientes para invalidar lo dicho por el testigo de la fiscalía y se demuestra que el dinero incautado es de origen lícito que proviene de ninguna actividad ilegal”, dijo la defensa de Silva Zambrano.

Durante la audiencia del jueves, en el Juzgado de Extinción de Dominio, Silva Zambrano declaró sobre la licitud del dinero que portaba al ser detenido agregando constancias y certificaciones  que contradicen la petición fiscal.

En el juicio penal fueron presentados documentos expedidos por la Policía Nacional de Colombia, donde consta que nunca ha tenido investigación, ni mucho menos antecedentes penales por delito alguno.

La aduana de Colombia también envió certificación de la declaración de los 255 mil euros cuando salió de ese país en abril de 2015, así mismo Hacienda de esa nación confirma que Silva Zambrano y su esposa tienen debidamente declarado su dinero y bienes.

Rafael Enrique Silva Zambrano, colombiano, es un comerciante de divisas y de 55 años, dijo a periodistas que  “llevo 11 meses librando una batalla legal con la Fiscalía General de la República por un delito de lavado de dinero y activos que nunca cometí”.

Por su parte, el abogado Gutiérrez aseguró que la Unidad de Investigación Financiera (UIF), desde la audiencia inicial no pudo probar el Juzgado de Paz de San Luis Talpa, departamento de La Paz, que los $279 mil que su cliente  llevaba hacia Bogotá, Colombia, eran de procedencia ilícita. Lejos de eso, dijo que su defendido “presentó certificaciones de las declaraciones de aduana de Colombia y México, donde consta que el dinero es legal y que proviene de préstamos que Silva Zambrano y su esposa han adquirido en Bancolombia y Davivienda, así como de la venta de dos microbuses y un apartamento.

Silva manifestó que el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, al sobreseer a su favor, fundamentó su resolución en quee” no existe ningún delito” y que, incluso le pidió disculpas en nombre del Estado de El Salvador porque, a juicio del tribunal, nunca infringió las leyes salvadoreñas.

Según los abogados de Silva, la extinción de dominio solicitada no procede por lo que están seguros que los $279 mil dólares le serán devueltos a su defendido.

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