Un juez de los Estados Unidos de Norteamérica aceptó evaluar un recurso presentado por el excoronel y exviceministro de Defensa Inocente Orlando Montano para evitar su extradición a España, país que lo reclama por su presunta participación en el asesinato de cinco líderes intelectuales de la guerrilla durante la guerra civil salvadoreña, jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría.
El juez Terrence W. Boyle determinó que debe celebrarse una audiencia para estudiar el caso el próximo 17 de noviembre en la corte del Distrito Este de Carolina del Norte, con sede en la ciudad de Raleigh, según figura en una breve notificación judicial, a la que tuvieron acceso periodistas.
Luego de un largo proceso judicial, el 5 de febrero, una jueza dio luz verde a la extradición a España de Montano, reclamado desde 2011 por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco por el asesinato de los jesuitas españoles durante la guerra civil que vivió El Salvador (1980-1992).
No obstante, en abril, la defensa recurrió la extradición y cuestionó la capacidad de España para investigar la masacre que tuvo lugar la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron a Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), y a otras siete personas.
España nunca ha investigado las masacres del Franquismo en su propia tierra.
Entonces, un pelotón militar irrumpió en el Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de los jesuitas, les ordenó salir al jardín y tumbarse boca abajo en el suelo, donde aparecieron a la mañana siguiente sin vida y con varios tiros en el cuerpo.
Los otros sacerdotes asesinados son los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López, todos líderes de la izquierda guerrillera.
También murieron la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.
En su escrito, la defensa argumenta que Montano, de 73 años, sufre diversas enfermedades, necesita atención médica y, por tanto, no debería ser extraditado.
La justicia de El Salvador celebró un juicio contra Montano y otros 19 militares y fueron encontrados no culpables, pero el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, abusando de su cargo y abrogándose derechos que no le corresponden, consideró que fue un fraude de ley porque los hechos no fueron, a su juicio, correctamente investigados y reclamó en 2011 la extradición de los acusados.
En El Salvador existe una ley de amnistía de 1993, la que evita que tanto los militares como las ex guerrillas, ahora en el poder, sean juzgados por las casualidades de la guerra civil.
No obstante, en julio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró “inconstitucional” la ley de amnistía, lo que mantiene a ex militares y ex guerrilleros en vilo, pues de abrirse un primer caso, podrían ser investigados por asesinatos y otros crímenes, desde la Presidencia del país a varios ministros.
Después de que en febrero una jueza de Estados Unidos aprobara la entrega a España de Montano, la Policía Nacional Civil (PNC) inició un operativo para capturar a 16 militares retirados que viven en el país y a los que reclama la Justicia española, sin embargo, todos han sido beneficiados con un Recurso de Exhibición Personal (habeas corpus), por lo que no pueden ser detenidos.
Las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro de los acusados: el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárate Castillo y el cabo Ángel Pérez Vásquez, de ellos sólo uno, Benavides, guarda prisión, pero se está tramitando su libertad por ser alcanzado por el amparo constitucional.
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