La experta en el tema de desplazados y representante de la Organización no Gubernamental (ONG) Cristosal, Celia Medrano, dijo a periodistas el jueves que el Estado salvadoreño es “irresponsable y cínico” en su actuación frente al fenómeno del desplazamiento forzado que genera la violencia de las pandillas, el crimen organizado y, en menor medida, el acoso policial.
Según la experta, el Estado de El Salvador no reconoce la problemática en sus altas esferas y busca “sacudirse” la obligación de atender y proteger a las víctimas.
De acuerdo a Medrano, que trabaja con Cristosal desde 2014, “se niega oficialmente el problema al más alto nivel” y el Estado intenta “sacudirse la responsabilidad, no solo no reconociéndolo y no atendiendo a las víctimas, sino remitiéndolas a las organizaciones que se sabe que sí están tratando de hacer algo”, y esa es “una acción irresponsable y cínica”.
No es la primera vez que El Salvador es acusado de desconocer la problemática, ya en octubre del 2015, las 13 organizaciones que componen la Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado denunciaron la conducta.
“No existe dentro del Estado Salvadoreño institución alguna que pueda brindar una atención de emergencia, a mediano o largo plazo, a las familias que sufren el desplazamiento forzado interno”, rezaba un comunicado.
Según Medrano, esta desprotección y abandono de las autoridades salvadoreñas forzó a las organizaciones civiles a tratar de “atender el problema” porque “hay urgencia”, aunque la “responsabilidad es del Estado”.
La excónsul salvadoreña en Washington (2010-2012) señaló que en diferentes ocasiones han recibido “gente que anda con cartas de diputados” en las que les piden a las organizaciones no gubernamentales apoyo para sacar a estas personas del país.
“Sacar a la gente del país no es una solución, (…) hay que apostar a que el país sea viable”, acotó Medrano, quien se desempeñó entre 2012 y 2014 como directora de Protección de Derechos Humanos y Gestión Humanitaria de la Cancillería salvadoreña.
Detalló que las organizaciones no gubernamentales involucradas en atender el problema sí han “apoyado gente a salir, después de comprobar de que las instancias estatales no han sido capaces de responder a una responsabilidad del derecho de garantía, seguridad y protección”.
La Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado atendió entre agosto de 2014 y agosto de 2016 un total de 234 casos de desplazamiento forzado con 1.019 víctimas, en su mayoría mujeres, adolescentes y niños.
Medrano denunció que estas personas son sometidas a una “instrumentalización” y “estigmatización” cuando buscan ayuda, con lo que el Estado no les está dejando otra salida que “regresar a la zona” de la que escaparon y “donde lo único que les queda es morir o sumarse a la pandilla”, especialmente a los jóvenes.
También criticó la postura gubernamental de que la mayoría de los desplazados huyen y no regresan a sus hogares porque tienen algún vinculo con las pandillas y con la que resta importancia al fenómeno.
Este “ha sido un golpe bastante fuerte” para las víctimas porque “hay mucho dolor, rencor y rabia contra los elementos de las pandillas que han causado esta situaciones (…) que se combina con el sentimiento de frustración que han dejado las instancias estatales que no actuaron cuando las buscaron”, detalló.
Medrano además cuestionó el “rol protagónico” que en la estrategia de seguridad que está tomando el Ejército salvadoreño, le confiere una “perspectiva militar y no policial”, y afecta a la población civil.
La estrategia salvadoreña pareciera ir en contra del plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que impulsan Honduras, Guatemala y El Salvador con el apoyo de EE.UU, y que “condiciona” a los gobiernos a “bajar los niveles del uso de elementos de la Fuerza Armada en la seguridad pública”.
El registro de las organizaciones sociales “marca una tendencia al aumento de acciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos por parte de Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador”, expuso Medrano.
Según un estudio de la sociedad civil, el 3,4 % de los desplazamientos registrados desde mediados de 2015 fueron generados por el acoso policial.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presentó en agosto pasado un informe en el que el 6,7 % de los éxodos de familias computados entre el 2014 y el primer trimestre del 2016 fueron atribuidos a la Policía.
“Mientras se esté desconociendo y negando oficialmente el problema, va a crecer y el crecimiento golpea a generaciones enteras, (…) toda la estabilidad que da un hogar y una comunidad se quiebra totalmente”, concluyó Medrano.
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