Alianza para la Prosperidad: un plan que no combate la pobreza

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Con el Plan Alianza para la Prosperidad se busca frenar la migración hacia EE.UU. Algunas de sus estrategias pueden mejorar condiciones en los países participantes, pero en otras áreas es poco transparente.

Con la llegada de Donald Trump al escenario político, la migración se ha convertido en uno de los temas predominantes en la actual campaña electoral en Estados Unidos. Día tras día, el candidato presidencial republicano refuerza una plataforma política basada en ideas como deportar a todos los migrantes indocumentados, construir un muro en la frontera con México, y obligar al país vecino a pagar por ello. Mientras tanto, el Gobierno estadounidense saliente ha empezado a tomar medidas para reducir la migración al país.

La “fórmula mágica” tiene tres letras: el PAP, o “Plan Alianza para la Prosperidad” pretende frenar la migración de Centroamérica a Estados Unidos a través de fomentar el desarrollo en el llamado “Triángulo Norte” (Guatemala, Honduras, El Salvador). Son estos los países con los mayores números de migrantes hacia EE.UU. a nivel centroamericano.

El plan nació tras la grave crisis de niños migrantes no acompañados que llegaron a EE.UU. en el año 2014. A finales del año pasado, el Congreso norteamericano aprobó un monto de 750 millones de dólares para financiar el plan que se realizará durante cinco años.

Sin embargo, lo que empezó como una alianza promovida a más alto nivel político – negociada directamente entre los Gobiernos de Estados Unidos, Honduras, Guatemala y El Salvador – poco a poco se ha ido disminuyendo, convirtiéndose además, según expertos consultados por DW, en un plan opaco y poco transparente.

Gran parte del presupuesto aprobado no consiste en fondos adicionales, sino montos que ya habían sido presupuestados para los diferentes programas de la organización estadounidense de cooperación USAID en los tres países. Obtener información oficial sobre la alianza a través de la embajada estadounidense en Guatemala resulta imposible: a pesar de varias llamadas telefónicas y correos eléctronicos, nunca llegó a este corresponsal la información prometida por la sección de prensa de dicha representación diplomática.

De igual forma, la fase piloto del plan que empieza en estos días ha causado más preguntas que respuestas. En Guatemala, por ejemplo, se inicia esta primera fase en tres municipios del país. Para definir las acciones concretas, se les invita a diferentes organizaciones internacionales y de la sociedad civil a participar en cuatro mesas de trabajo.

Una de las iniciativas invitadas es la organización alemana AWO International, que trabaja también el tema de migración. “Por el momento, decidimos no participar porque no hay transparencia”, dice Karin Eder, representante de la organización en Centroamérica y México. “No queremos ser parte de un proceso que pretende ser participativo si tenemos la impresión de que no lo es.”

El plan se desarrolla sobre cuatro ejes: (1) apoyar al sector productivo, (2) desarollar el capital humano, (3) mejoras en seguridad y justicia y (4) fortalecimiento institucional y mejora de la transparencia. “Su significado es de tipo político y estratégico, porque el plan en sí no cambia la pobreza y exclusión en las zonas rurales”, argumenta Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. La pobreza y la exclusión son algunos de los factores que obligan a las personas a salir de sus países para buscar mejores oportunidades en EE.UU. “La fuerza del plan está en el respaldo de Washington a las acciones de persecución contra las estructuras paralelas del Estado”, agrega la experta. Durante los últimos años, EE.UU. ha apoyado a los países del Triángulo Norte – sobre todo a Guatemala – para que avanzara la lucha contra la impunidad, corrupción y el crimen organizado.

Uno de los puntos más controvertidos del plan es su enfoque en fortalecer los mecanismos de seguridad y defensa – una gran parte del presupuesto va destinado a estos rubros. Entre otras medidas, se tiene previsto fortalecer el control de las fronteras. “El endurecimiento de las políticas anti-migratorias nunca ha sido un motivo para frenar la migración hacia los EE.UU.”, dice Jorge Santos, defensor de derechos humanos. “Las personas se arriesgan cada vez más, sufren desaparición forzada y la muerte, pero la migración continúa, porque sus causas no se están atacando”. Las nuevas cifras le dan la razón. Mientras el año pasado el número de niños y adolescentes no acompañados detenidos en EE.UU. bajó drásticamente, este año la tendencia revela un nuevo incremento.