Dilma Rousseff compareció en el Senado de Brasil para defenderse del juicio político

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La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado mayo, compareció en el Senado para defenderse de las acusaciones que pueden concluir con su destitución.

“El 1 de enero de 2015 asumí mi segundo mandato y asumí el compromiso de defender y cumplir la Constitución. En el poder, asumí el compromiso de mantener, defender y respetar la Constitución”, comenzó su discurso la mandataria.

“Siempre he creído en la democracia. Jamás atentaría contra ella o practicaría actos contrarios para los que me eligieron. Entre mis defectos no está la cobardía”, resaltó.

Y agregó: “Lucho por un Brasil más igualitario y soberano. Lucho por la democracia, la verdad y la Justicia. Lucho para el pueblo de mi país, para su bienestar”.

“Lo que está en juego en el juicio político no sólo es mi mandato. Es el respeto a las urnas, a la voluntad del pueblo y la Constitución. Lo que están en juego son los logros de los últimos 13 años: los ingresos de la población, los más pobres y la clase media. Está en juego la estabilidad”.

La mandataria, sin nombrarlos, criticó a quienes tomaron el poder en mayo: “La verdad es que el resultado de las elecciones de 2014 fue un duro golpe para los sectores de la élite brasileña conservadora. Como es típico de las élites autoritarias, querían el poder a cualquier precio”.

Y se defendió: “Todos saben que no destiné dinero público del Gobierno en beneficio propio. Estamos a punto de la concreción de un verdadero golpe de Estado”.

Ésta fue la primera vez que Rousseff acudió al Parlamento desde que comenzó el trámite del juicio político en su contra el pasado diciembre para refutar los cargos de los que se le acusa, una serie de maniobras con las que se maquillaron las cuentas fiscales de 2015.

Esas supuestas irregularidades se refieren a tres decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y al atraso en depósitos a la banca pública. Según la acusación, esto equivale a la concesión de créditos al Gobierno, algo que está vedado por la Constitución brasileña.

La acusación considera que esas operaciones suponen un “delito de responsabilidad”, que la Constitución contempla como un motivo para la destitución de un jefe de Estado, pero la defensa niega cualquier irregularidad y argumenta que todos los presidentes de la era democrática hicieron maniobras similares.

La suerte de la primera presidente de Brasil está en manos de 81 senadores, y si 54 de ellos, dos tercios de la Cámara Alta, votan a favor de su destitución, perderá el cargo, que pasaría a manos del que era su vicepresidente, Michel Temer, y quien ejerce la jefatura del Estado de forma interina desde el 12 de mayo.

En ese caso, Temer se mantendría en el poder hasta el 1 de enero de 2019, cuando le entregaría el cargo al ganador de las elecciones previstas para octubre de 2018, pero si el Senado vota en sentido contrario, Rousseff recuperaría la Presidencia de forma inmediata.

El cambio en la Presidencia supondría, además, un fuerte viraje político, que ya ha sido palpable en estos meses, puesto que Rousseff defendía un fuerte gasto social y el Gobierno de Temer prepara drásticos cortes presupuestarios, privatizaciones y recortes en derechos laborales para hacer frente a la honda recesión que atraviesa el país.

La mayoría de los 81 senadores ya ha manifestado su convicción de que Rousseff incurrió en las irregularidades que se le imputan y, de hecho, en las dos votaciones anteriores que se realizaron en la Cámara Alta en fases anteriores del proceso, se superaron los dos tercios, con 55 votos en la primera y 59 en la segunda.

La sesión en la que compareció Rousseff se prevé larga: la mandataria se someterá a las preguntas de los senadores.

Allí todos los senadores tienen derecho a intervenir por cinco minutos y Rousseff no tiene límite para exponer sus argumentos.

A continuación se celebrará un debate en el que todos los senadores podrán hablar por 10 minutos y en el que la acusación y defensa presentarán sus alegatos finales durante una hora y media, antes de realizar la votación final, que podría tener lugar entre el martes y el miércoles.

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