El diputado tricolor Ernesto Muyshondt opinó el martes que la Fiscalía General de la República (FGR) debería proceder a ordenar la detención del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) por las acusaciones de corrupción en su contra.
El fiscal general, Douglas Meléndez, aseguró que Funes es investigado “penalmente” por enriquecimiento ilícito y “posiblemente con lavado” de dinero y que se deriva de un juicio civil ordenado por el Tribunal Supremo por el incremento injustificado de su patrimonio en más de 700.000 dólares.
La semana anterior, el ente fiscal allanó diferentes inmuebles del empresario Miguel Meléndez, amigo de Funes, quien se favoreció de su relación para obtener contratos con el Gobierno.
“En los allanamientos han encontrado más indicios y elementos probatorios” y “creo que el siguiente paso debe ser el proceder a la captura del expresidente y de gente vinculada a su entorno”, acotó el diputado arenero.
El fiscal Meléndez detalló durante una entrevista televisiva que Funes “estaba tramitando asilo político en Nicaragua desde hace tiempo y que a estas alturas ya le habían dado un tema de residencia o algo así”.
Funes desmintió esta versión en su cuenta personal de Twitter y aseguró que se encuentra en ese país, gobernado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que es afín al oficialismo salvadoreño, “por trabajo”.
Sin embargo, Muyshondt cree que su estancia en Nicaragua es porque “ahí se siente que lo va a proteger una dictadura que es aliada” de la otrora guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político.
El exmandatario, primero en llegar al poder bajo la bandera del FMLN, calificó días atrás de “show” político la investigación fiscal y aseguró que “no han encontrado ninguna prueba” en su contra, lo cual ya desmintió el fiscal al informar que se había encontrado un documento por un mútuo (préstamo) por otros 700 mil dólares a favor del ex presidente Funes y contra el empresario Menéndez.
Además de estos dos procesos, Funes fue citado el pasado 3 de febrero a declarar en la Fiscalía por una investigación por las supuestas negociaciones que su administración entabló con las pandillas entre 2012 y 2014 para disminuir de manera ficticia y pagando grandes sumas de dinero a los pandilleros los índices de asesinatos.
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