Luego de atacar visceralmente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Gobierno aseguró el martes que la nulidad de la Ley de Amnistía es un “hecho relevante y positivo”.
Tan solo cuatro días atrás, el presidente Salvador Sánchez Cerén criticó la decisión de la Sala y sostuvo que no se situaba frente a los “verdaderos y actuales problemas del país”.
El pasado 13 de julio, la Sala de lo Constitucional de CSJ declaró “inconstitucional” la Ley de Amnistía General vigente desde 1993 porque es “contraria” al derecho de “acceso a la justicia” y “reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”.
El vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas, sostuvo en una entrevista de propaganda con el canal estatal que “es trascendente la declaratoria de inconstitucionalidad”, pero redirigió los ataques del gobierno asegurando que “no resuelve la atrofia que tiene la impunidad en el país” ni la “mora judicial”.
Según Chicas, los procesos judiciales en casos de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército y la guerrilla durante la guerra civil (1980-1992) no se han estado obstaculizando solo por la amnistía, sino por la falta de actuación por parte de los tribunales y la Fiscalía.
“Los tribunales de justicia de este país, que dependen de la Corte Suprema de Justicia, no diligenciaron en todos estos años esos procesos y la Fiscalía durante más de 20 años tampoco diligenció las investigaciones”, aseguró.
Asimismo, Chicas aplicó una nueva estrategia al asegurar que la sentencia de la Sala de lo Constitucional no “descalifica” el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas que denuncia las violaciones a derechos humanos registradas durante el conflicto armado.
La Comisión “había jerarquizado, analizado y separado los casos atribuibles a las distintas partes involucradas en el conflicto. Hay que analizar de qué manera esta sentencia aborda ese buen trabajo que fue reconocido por todas las partes en el contexto de la negociación”, indicó.
La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General supone la reapertura de procesos judiciales como el de la masacre de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras (1989) y de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981), y el asesinato de Óscar Romero (1980), por parte del ejército; asesinatos selectivos políticos, como el de Antonio Rodríguez Porth, los marines de la Zona Rosa, los asesores norteamericanos asesinados en Lolotique luego del derribo de un helicóptero militar, la masacre de cientos de soldados que se habían entregado a la guerrilla desarmados, el secuestro y asesinato de unos 30 alcaldes, los secuestros de empresarios como Ernesto regalado, Roberto Poma, el canciller Borgonovo Pohl, diplomáticos y familiares de militares que no tenían parte en el conflicto y cientos de guerrilleros aniquilados por Mayo Cibrián bajo órdenes directas del actual presidente de la República.
Por otra parte, Chicas calificó de “agridulces” las recientes sentencias del Constitucional, porque el mismo día que anuló la amnistía declaró inconstitucional la emisión de 900 millones de dólares en bonos y frenó la aplicación de un recargo del 13 % al costo de la electricidad, con lo que el alza del precio energético hubiese sido de un 21%, luego de un alza no avisada del 8%.
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