Por Mauricio Eduardo Colorado.-
Las resoluciones de la Sala de lo Constitucional suspendiendo el impuesto del 13%, declarando la nulidad de la amnistía y desconociendo a los diputados suplentes, han causado gran impacto de opinión en diversos sectores de la sociedad salvadoreña. Los diversos efectos que dichas resoluciones con seguridad van a causar en el país, se reflejan en los variados comentarios que se escuchan en el día a día. Hasta este momento, por lo menos dos reconocidos abogados constitucionalistas –entre otros muchos- han reprobado las sentencias, en su forma y en sus efectos. Y es que la Sala, por el simple hecho de ser la única y máxima autoridad en materia constitucional, está obligada a poner su máximo esmero en dar fallos que no deban dejar más dudas que las que se le plantean.
El Artículo 183 de la Constitución es lapidario cuando dice “”””La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el UNICO TRIBUNAL competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. “”””
Sin embargo, a escasos días del conocimiento de las sentencias, se oyen cada vez mas fuertes y continuadas, las voces de desaprobación de los fallos comentados. Cierto es que mas de algún activista fanático y enemigo de la paz pública, arropados por el argumento de los derechos humanos, y el rencor disfrazado de “justicia” y “verdad” han celebrado las resoluciones, como un brillo del derecho, pese a que en el caso mas importante, el de la amnistía, la mayoría de los perjudicados, han iniciado un verdadero sentimiento de aceptación de sus heridas, y ven con repudio la mala intención de revivirlas.
Incluso altos dignatarios de la iglesia, están viendo el fenómeno con prudencia, y piden a los afectados, moderación en relación a los efectos de pacificación del país. La realidad es que en caso de detenerse a tiempo la revancha que se puede desarrollar por la reactivación que pretende iniciarse al suprimir la amnistía, serían todos los salvadoreños –el bien público o común- quienes saldrían beneficiados.
Por nuestra parte ya hemos expresado que algunos religiosos, contrario a la doctrina oficial de sus iglesias, predican valores como el perdón, pero ahora, inexplicablemente cierran filas con conceptos deformados de valores negativos como la venganza, que producen odios y provocan otros sentimientos naturales del ser humano que desarrollan los bajos instintos.
Otros elementos y voces se escuchan en el extranjero, indudablemente por quienes no tienen que sufrir en nuestro territorio todas las plagas delincuenciales, que nos limitan la vida y donde lo social nos abate hasta mas no poder.
Es muy cómodo opinar desde los parapetos de los funcionarios diplomáticos internacionales en las Naciones Unidas declarar que le dan la bienvenida a la resolución de la Sala, aunque provoquen una debacle o una nueva guerra.
La Sala de lo Constitucional, dada su calidad de única y última instancia judicial, no puede mantener una óptica exclusivamente jurídica, porque los efectos políticos, económicos sociales, y universales que sus actos produzcan, tienen mayor importancia que una sentencia jurídicamente bien elaborada.
Nos fortalece en nuestra posición, que las dos fuerzas políticas mayoritarias, coincidan ahora, veintitantos años después de firmada la paz, estén de acuerdo en construir con el consenso de ambos, u futuro promisorio para El Salvador.
Nada de positivo vemos en meter a la cárcel a Gobernantes y Militares, que participaron en una guerra en que ambos pretendían tener la razón y el derecho. En esa visión, se cometieron horrendos crímenes por ambos lados.
Pero el producto del pasado es tener la esperanza de que las cosas se arreglan para un futuro en paz para todos los habitantes de nuestro territorio. Esos argumentos para regresar al pasado –cualquiera que sea- no traen nada de positivo
