Con la publicación de un informe según el cual el ministro de Relaciones Exteriores y posible candidato presidencial, Hugo Martínez, asegura que el ministro de Defensa David Munguía Payés tenía “Plenos Poderes” para firmar acuerdos de entendimiento, con quien fuera, con tal de reducir los índices de muertos que llevaron a poner a El Salvador como el país más violento del mundo, el caso de la tregua pasa a ser la justificación de una política de Estado y deja de ser un delito. Por lo tanto, siguiendo el aforismo “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege” que se traduce como “Ningún delito, ninguna pena sin ley previa”, no habrá persona alguna que pueda ser enjuiciada por haber participado en la famosa tregua.
El canciller de la República ha sido muy claro al reconocer que el ministro de Justicia y Seguridad de ese entonces, General David Munguía Payés, tenía plenos poderes para realizar negociaciones, inclusive con la OEA, con el fin de reducir la violencia criminal en el país.
Con esas afirmaciones la famosa tregua entre pandillas se convierte en el móvil principal de una política de Estado de Seguridad de la cual el único responsable era el presidente de la República, en ese entonces Mauricio Funes Cartagena.
Existe sin embargo una versión que no ha sido aclarada y según la cual, un grupo de personas, supuestamente lideradas por la ex jueza de Vigilancia Aída Santos, habría dado inicio a las negociaciones, permitidas por el entonces gobierno de Tony Saca, con grupos de pandilleros que controlaban la Campanera, Soyapango, a finales del año 2008 y principios del 2009, con lo que se buscaba garantizar el triunfo del candidato presidencial del FMLN, Mauricio Funes Cartagena, a cambio de formular una política de seguridad favorable a estos grupos, cosa que hicieron a partir de 2012 y que dio inicio con el traslado de los 30 líderes de las pandillas de centros de mayor seguridad a otros menos exigentes.
De estar correctamente fundamentadas las declaraciones del canciller de la República, la tregua entre pandillas adquiere condición de política de Estado de lo que no tendrán que responder ni Mijango, ni Colindres ni ninguna de las personas que se han visto involucradas, a no ser por hechos circunstanciales como la introducción de objetos ilícitos a centros penales.
Con la puesta en libertad, aunque el proceso continúe, de Mijango, se da por descontado que el affaire de la tregua ahora será tomado en cuenta solo para justificar el gasto de los 152 millones que la Asamblea aprobó para sufragar el financiamiento de las reformas penales y de las fuerzas especiales creadas para combatir a los pandilleros.
Esto lo sabía muy bien Mauricio, por lo que ahora estará riendo a carcajadas de los que pudimos creer que se había metido en una ratonera de la que no iba salir, carcajadas que ha de compartir con el genio que le aconsejó semejante estrategia y que sigue siendo poder en este país.
Queda ahora el compromiso del gobierno, como preámbulo de su aniversario, de cumplir su ofrecimiento al pueblo de “combatir frontalmente” a las pandillas y reducir al mínimo el índice de muertos antes que los pandilleros se den cuenta de la estratagema de Funes y decidan convertir la tregua en un pacto de sobrevivencia y decidan pasar del pánico que, lógicamente, inspira la presencia de las Fuerzas Especiales a otras acciones más desesperadas.
