La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el lunes, en Washington DC, EE.UU. al Gobierno de El Salvador “equilibrio” entre la seguridad ciudadana y los derechos humanos de los delincuentes.
De acuerdo a cables internacionales,la comisionada Margarette May Macaulay es de la opinión que “existe un problema y que hay que encontrar el equilibrio entre seguridad y derechos humanos”, al presidir una sesión especial en la sede de la CIDH, tras escuchar a las partes.
Organizaciones de la sociedad civil, normalmente relacionadas con la izquierda salvadoreña, denunciaron ante la CIDH que el Estado salvadoreño ha recurrido a medidas “represivas y populistas” para afrontar la crisis de seguridad y el aumento de la violencia en el país.
Los activistas fueron muy críticos con el plan del Gobierno “El Salvador seguro”, ya que según ellos solo se enfoca en la persecución penal del delito y no prioriza la prevención ni la atención a las víctimas.
Los grupos, que durante la guerra civil salvadoreña y hasta el ascenso de la izquierda al poder trabajaron de la mano con el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que las Fuerzas Armadas son utilizadas cada vez más en tareas de seguridad ciudadana, que ha pasado de 897 efectivos en 2006 a 13.000 hoy en día, según cifras que atribuyeron al Gobierno efemelenista.
Valentina Ballesta, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), fue de las que con mayor fuerza atacó las políticas de Seguridad del presidente Salvador Sánchez Cerén: “En ese mismo periodo hubo un incremento de denuncias de violaciones de derechos humanos que el Estado no ha investigado e incluso a encubierto”, aseguró.
Las pseudo organizaciones de Derechos Humanos pidieron al Gobierno investigar a los responsables de violaciones de derechos, depurar la corrupción en la Justicia, la retirada progresiva de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC).
Por su parte, el canciller Salvadoreño, Hugo Martínez, ofreció a la Comisión una visita para que “vean lo que está sucediendo y contrasten la información” presentada por sus antiguos aliados.
Martínez reafirmó el “compromiso” del Gobierno con el respeto de los derechos humanos y subrayó que el gesto de enviar a un canciller a las sesiones de la CIDH, algo muy inusual, denota el interés del Estado por cumplir con los estándares internacionales.
